por Juan Manuel de Prada
eo que una universidad pública se dispone a expedir una graduación en Igualdad a quienes, durante cuatro años, cursen una carrera que «formará profesionales que vigilen el cumplimiento de la Ley de Igualdad, de la misma manera que ocurre con la Ley de Dependencia o como ya sucedió con las relaciones laborales», según explican fuentes universitarias. Las mismas fuentes, para evitar que algún suspicaz asocie la creación de esta sedicente carrera a las consignas que la doctoresa en Igualdad Bibiana Aído evacua desde su ministerio, aseguran que la graduación en Igualdad «se ajustará a las exigencias» del Plan de Bolonia y que «se construye al amparo de la política de la Comunidad de Madrid»; a lo cual, en román paladino, se lo llama salir de Málaga para entrar en Malagón. Pues unos estudios que se «ajustan a las exigencias» de un plan diseñado por políticos y se «construyen al amparo» de las directrices de otros políticos tienen que ser, necesariamente, un instrumento político; esto es, justo lo contrario de lo que tendrían que ser unos estudios universitarios. Pues la misión de una Universidad digna de tal nombre es enseñar una ciencia; o, mejor dicho, todas las ciencias armadas en sabiduría.
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