Por Carlos Acuña
Tomado de Nuevo encuentro
En concordancia con lo establecido por la Cámara de Casación que reiteró que nadie puede permanecer en prisión preventiva sin causa que lo justifique, la Jueza Federal de Córdoba, doctora Cristina Garzón de Lazcano, durante las últimas horas dejó en libertad a dos oficiales dentro del marco de la llamada "Causa Córdoba", abierta contra numerosos jefes, oficiales y suboficiales por haber combatido al terrorismo de los setenta dentro de la jurisdicción del Tercer Cuerpo de Ejército, al que pertenecían. En este caso se trata de mayor A. Luis López y del capitán Pablo D'Oloiu, quienes dejaron la cárcel, circunstancia que sienta un notable precedente para casos similares. De acuerdo con lo trascendido en fuentes seguras, la semana próxima otros 13 militares serían puestos en libertad lo que descomprimiría la situación existente por la irregularidad jurídica que determinó su puesta en prisión preventiva. La noticia corrió como reguero de pólvora y causó el consiguiente impacto dentro de un ámbito donde es fácil reconocer el alto grado de molestia - por decirlo de alguna manera - que ha generado esta situación que tiene tras las rejas a numerosos hombres de las distintas Fuerzas, algunos condenados mediante "pruebas" artificiales carentes de sustento hasta tal punto, que han trazado un gravoso perfil internacional respecto del funcionamiento de la justicia en la Argentina. En tal sentido estos casos comienzan a conocerse por vía jurídica e impulsados por las correspondientes defensas, que muestran las anomalías que se reconocen, comienzan a alcanzar los medios periodísticos y a sentar precedentes que hasta hoy eran impensados. Por ejemplo, lo que acaba de suceder con el general Domingo Bussi que cerró la etapa de la guerra declarada por el ERP en la provincia de Tucumán. Bussi, muy enfermo y con una conocida hiper sensibilidad anímica, fue trasladado en silla de ruedas por personal desconocido hasta una sala llena de fotógrafos que registraron su estado, hasta que terminado el operativo lo retiraron de la misma forma en que llegó para ser trasladado a otras dependencias, quedando en claro que el único objetivo que existió de este suceso fue incorporar las fotografías así obtenidas en una futura campaña mediática que tomaría estado público más adelante, después de sumarse otros casos similares. Así, heridos de guerra, militares y policías sin piernas o con otros miembros amputados, pasarían a formar parte de una galería de "represores" que se distribuirá gráfica y electrónicamente y alcanzaría los establecimientos educativos donde ya se realizan algunas operaciones similares. El contenido de esa campaña está diseñado por el actual secretario de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, quien se ubicaba por encima de las distintas líneas subversivas y tenía varios nombres de guerra dentro del aparato terrorista . Frente a la nueva situación abierta por las disposiciones judiciales, la agrupación H.I.J.O.S y otras organizaciones de "derechos humanos" preven numerosos "escraches" contra la Jueza Garzón de Lazcano a los efectos de presionar "popularmente" por estas libertades y exigir que se revea la medida.
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